Estudio de caso: Ley Olimpia Tipificación de la violencia digital

Abstract

México dispone de un marco legal que castiga la violencia digital y que hoy en dia posibilita a las víctimas solicitar y acceder a medidas de protección a las entidades de procuración de justicia, con el objetivo de prevenir y eliminar la propagación electrónica de información personal intima que fue expuesta, vulnera derechos fundamentales y coloca a las víctimas en estado de riesgo, lo anterior fue posible gracias a la implementación de lo que se conoce en la actualidad como Ley Olimpia. El presente estudio de caso tiene como propósito identificar los avances en la transversalización de la perspectiva de género en el ámbito de la protección de la violencia digital contra las mujeres. La Ley Olimpia es un instrumento legal que visibilizo y tipifico conductas como el ciberacoso, la extorsión en medios digitales y la divulgación de contenido privado sin consentimiento en algo más que una conducta reprochable; lo transformó en un crimen en 29 entidades federativas. Se parte de la premisa de que estas formas de agresión no son fenómenos aislados, sino expresiones contemporáneas de una violencia estructural y sistemática que encuentra nuevas modalidades en los entornos virtuales. No se trata de juzgar las prácticas que emergieron gracias a los progresos tecnológicos, sino de guiar a las generaciones futuras para que entiendan que el consentimiento también comprende el entorno digital. Asimismo, plantea una respuesta institucional frente a la reproducción de prácticas patriarcales en las plataformas tecnológicas. Desde el enfoque del trabajo social, esta normativa representa una herramienta clave para la intervención profesional en la defensa de los derechos digitales y sexuales de las mujeres, el acompañamiento psicosocial de víctimas, y la promoción de entornos digitalesseguros e igualitarios. A través de este estudio de caso buscamos enfatizar la necesidad de consolidar estrategias integrales que aborden esta problemática desde el enfoque interseccional, promoviendo políticas públicas con perspectiva de género, el fortalecimiento de la educación digital crítica y el acceso efectivo a la justicia.